Cualquier Estado, país o nación requiere disponer de una capacidad militar a la altura de sus necesidades estratégicas. Por ello, se destinan importantes partidas presupuestarias a equipar y preparar a las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar la defensa de la integridad territorial frente a cualquier amenaza.
Esta exigencia no es nueva. En 1975, Marruecos movilizó a miles de civiles hacia las fronteras del Sáhara Occidental —entonces bajo administración española— en la denominada Marcha Verde. Aunque fue calificada de iniciativa pacífica, las tropas españolas acantonadas en la zona vivieron momentos de alta tensión militar, registrándose hostilidades puntuales y víctimas en el contexto de ese conflicto no declarado. El desenlace, marcado por decisiones diplomáticas y pactos políticos, truncó la posible soberanía del pueblo saharaui y dejó una profunda huella en la geopolítica de la región.
En la actualidad, episodios como la entrada masiva de personas en Ceuta han reabierto el debate sobre la naturaleza de las presiones en la frontera. Mientras desde ámbitos oficiales y diplomáticos se aborda la situación con un enfoque prioritariamente humanitario y de atención a situaciones de vulnerabilidad, existen sectores que señalan la necesidad de una postura más firme.
Ante este escenario, la coordinación entre la Jefatura del Estado, el Gobierno y la cúpula militar resulta clave. El desafío para España reside en demostrar un equilibrio eficaz entre la capacidad de disuasión, la firmeza en la defensa de sus fronteras y la solvencia diplomática.
La Tribuna de Albacete 13-9-2026. Albacete. Edición impresa
Diario de Burgos 15-9-2026. Edición impresa de Burgos y Ribera.