El ejercicio prolongado del poder ejecutivo a lo largo de los últimos ocho años en España suscita interrogantes profundos sobre la salud de nuestra democracia. Cuando la gobernabilidad se apoya de forma sistemática en mecanismos de contrapeso erosionados, se corre el riesgo de anteponer la estabilidad política al imperativo de transparencia y rendición de cuentas que exige la Constitución.
Más allá de la contienda parlamentaria, resulta preocupante la tendencia a relajar los consensos institucionales para amarrar mayorías de gobierno. Percibir los órganos de control como instancias afines al Ejecutivo, en lugar de como contrapesos independientes, erosiona de forma directa la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
El verdadero reto democrático no consiste únicamente en obtener la capacidad legal para gobernar, sino en blindar la independencia de las instituciones encargadas de velar por el interés general. Una cultura política madura exige proteger con rigor la separación de poderes, garantizando que el Ejecutivo encuentre siempre un límite firme en la judicatura y en la neutralidad de las instituciones.
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