Es difícil sostener el discurso de una sociedad «abierta e integradora» cuando la realidad diaria muestra un desprecio sistemático por las normas más elementales de convivencia. Nos llenamos la boca con proclamas sobre igualdad, pero la teoría se desmorona en la calle frente al empuje de la chulería, el egoísmo y la impunidad.
La verdadera inclusión no se proclama en mítines ni se maquilla en folletos institucionales; se demuestra y se hace cumplir. Es indignante presenciar cómo se pisotean los derechos de las personas con discapacidad. No hablamos de meros descuidos, sino de una muestra intolerable de falta de civismo y de autoridad. Cuando una plaza de aparcamiento reservada es invadida por jóvenes incívicos que la usan como zona de recreo y cuya única respuesta al reclamo justo es la provocación y la burla, el tejido social sufre un deterioro grave.
De nada sirven las leyes protectoras ni los discursos desde los despachos si las autoridades miran para otro lado y toleran el matonismo cotidiano en nuestras aceras. La pasividad institucional convierte al poder público en cómplice directo de esta degradación. Sin sanción, sin consecuencias reales y sin tolerancia cero para quien no respeta, la inclusión no es más que una declaración vacía.
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